El 72% de las empresas chilenas no está lista para la nueva Ley de Datos Personales: la amenaza está en bodegas y computadores viejos
Archivos físicos y equipos en desuso exponen a miles de empresas a multas de hasta $1.400 millones bajo la nueva normativa de datos personales.
Una gran mayoría de las empresas en Chile enfrenta un problema que muchas ni siquiera han notado: guardar contratos en cajas polvorientas o tener computadores corporativos arrumados sin borrar puede costarles caro. Según un estudio de LemonTech y la Asociación Chilena de Ética y Compliance (ACEC), realizado sobre 127 organizaciones, el 72% de las empresas admite no estar preparada para cumplir con la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Más preocupante aún: casi la mitad no ha tomado ninguna medida concreta.
La situación es especialmente crítica entre las pequeñas empresas, donde nueve de cada diez reconocen no estar listas. Y aunque el debate público se ha concentrado en sistemas informáticos y bases de datos digitales, el estudio revela que el 85% de las organizaciones todavía gestiona estos temas con procesos manuales o herramientas genéricas que no fueron diseñadas para proteger información sensible.
El riesgo concreto está en lugares que pocas veces se asocian con la privacidad: una bodega llena de carpetas con liquidaciones de sueldo, fichas de clientes o contratos antiguos; un cajón con celulares corporativos que nadie devolvió formalmente; o un disco duro dado de baja que aún guarda información de trabajadores y usuarios.
La Ley 21.719, que moderniza la regulación de datos personales en Chile, establece reglas claras al respecto:
- Los datos personales solo pueden conservarse mientras exista una finalidad válida para ello.
- Una vez cumplida esa finalidad, deben eliminarse o anonimizarse.
- Las empresas están obligadas a proteger esa información ante pérdidas o filtraciones.
- Las infracciones más graves pueden significar multas de hasta 20.000 UTM, equivalentes a más de $1.400 millones.
El problema se entrecruza con otro desafío pendiente en el país: Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos al año, más de 10 kilos por habitante, pero recicla menos del 5% de ese total. La normativa conocida como Ley REP, cuyo reglamento para aparatos eléctricos y electrónicos fue publicado en mayo, fija metas de recolección que comienzan en un 3% y deben llegar al 45% en diez años, con exigencias vigentes desde 2028.
Para las empresas, esto significa que deshacerse de un equipo en desuso no es solo tirar algo a la basura: implica garantizar que los datos que contiene sean destruidos de forma certificada y que el dispositivo sea reciclado conforme a la ley.
«Fin de año es cuando las empresas ordenan, cierran presupuesto y descubren lo que fueron acumulando. Es una especie de síndrome de Diógenes corporativo: nadie sabe qué hay en esas cajas ni en esos equipos, pero casi siempre hay datos de personas», advierte Juan Ianchina, vocero de Bendito Residuo, empresa especializada en gestión de residuos tecnológicos.
Con la nueva ley ya promulgada y su entrada en vigor en el horizonte, los expertos coinciden en que el tiempo para actuar se acorta. Revisar bodegas y dar de baja correctamente los equipos acumulados puede ser, para muchas organizaciones chilenas, el primer paso real hacia el cumplimiento.